Un fiscal general fue acusado de violación por su ex novia
Julio César Castro encabezó de la unidad de la Procuración dedicada a combatir la violencia sexual. Intentó ser juez, pero una denuncia por acoso de una empleada se lo impidió. Hoy, la Justicia lo investiga por penetrar por la fuerza a su pareja en dos ocasiones. La denuncia y las pericias que muestran lesiones y frases denigrantes y la carta de la víctima a Gils Carbó
El fiscal general Julio César Castro fue el director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil, designado en el cargo en 2007 durante la gestión del anterior procurador, Esteban Righi. Con el tiempo, tras dejar la UFISEX, Castro quedó como un experto en la materia, ofreció varias conferencias y charlas sobre cómo es ser, por ejemplo, abogado de víctimas de casos de abuso sexual infantil. Integró, ya como fiscal de juicio, el equipo de acusadores que logró condenar a cadena perpetua al asesino de Ángeles Rawson, el portero Jorge Luis Mangeri.
En diciembre de 2016, luego de más de 25 años en la Justicia penal, Castro fue por más en su carrera: intentó ser juez de cámara. Su pliego fue tratado por el organismo correspondiente del Senado, la Comisión de Acuerdos presidida por Rodolfo Urtubey, con presencia de funcionarios como Miguel Pichetto en la audiencia. Sus aspiraciones para llegar a magistrado no llegaron a ningún lado; una denuncia por acoso sexual de una empleada de la Fiscalía General Nº15, que Castro encabezaba, le cortó el camino.
La denuncia salió a la luz en la audiencia de la Comisión. La ex empleada estuvo presente en el recinto para increparlo. Lo que había reportado ante la oficina de Recursos Humanos de la Procuración había sido particularmente cruel: la empleada habló de repetidos avances y coqueteos, de insistencia ante negativas y de terminal en un virtual freezer laboral de tareas menores tras no aceptar salir en una cita con su jefe. Aseguró que había estado embarazada mientras ocurrió el presunto acoso; el estrés la llevó a sufrir pérdidas y contracciones.
De cara a esto, Alejandra Gils Carbó, jefa máxima de Castro, ordenó una comisión evaluadora para investigarlo a fines de marzo último, encabezada por la fiscal federal marplatense Laura Mazzaferri, con un plazo de 60 días para entregar su decisión, término que todavía corre. La decisión de la comisión puede costarle el cargo al fiscal.
Sin embargo, la denuncia de su ex empleada no es su único problema. Hay algo todavía más grave que espera a Castro en el horizonte de Tribunales. En paralelo, existe un expediente en marcha en la Justicia de instrucción que puede costarle no solo el cargo, sino la libertad. La mayor acusación en su contra: doble violación. La víctima que lo denunció: su ex novia.
B., una abogada de 30 años que trabaja en la función pública y que sostuvo una relación con Castro durante los últimos dos años, 24 años mayor que ella, se presentó el 14 de marzo pasado en la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema. Estaba visiblemente nerviosa según el reporte posterior, tenía rasguños recientes en sus brazos. Un gabinete interdisciplinario, compuesto por una trabajadora social, una psicóloga y una médica, se encargó de entrevistarla.
Infobae accedió a la transcripción completa hecha por la OVD: “Lo que más me traumatizó”, declaró B. en medio de su largo relato, marcado por una evidente ansiedad, “fue la violencia sexual, siempre me decía que yo le tenía miedo a las venéreas y él no se quería cuidar con preservativo… Cada vez que le decía que nos cuidemos ante tantos engaños se enojaba”.
“Fue a fines de enero”, aseguró B. El hecho habría ocurrido en el departamento de la ex pareja de Castro en la zona de Palermo. Lo que sigue del testimonio de B. es al menos gráfico, una acusación de una brutalidad singular para un funcionario público que asumió el compromiso ante el Estado de hacer justicia. Castro, según su relato, había vuelto a verla luego de una separación momentánea, una de varias en la relación.
“Me forzó a tener relaciones por vía anal, que yo no quería y me decía: ‘sos pelotuda, sos virgen del orto, todas las mujeres lo hacen'”, aseguró B. “No era consentido”, siguió, “me dolía y lo tuve que sacar”. “Cuando terminó el acto sexual me dijo ‘ni pienses que somos pareja'” En los días posteriores, B. se quejó al respecto. La respuesta del fiscal general, según su relato ante la OVD, fue de un desprecio considerable. “Ni para eso servís”, le habría espetado.
Al final de la entrevista, las representantes de la OVD le preguntaron a B. si quería llevar a Castro a la Justicia con su denuncia: decidió hacerlo de inmediato. Así, se abrió una causa por violencia en el Juzgado Civil N°85, que emitió una orden de restricción contra Castro que le prohibió acercarse a 200 metros de su ex pareja, así como cualquier contacto por teléfono o cualquier red social.
El informe de la OVD también llegó al fuero penal, el mismo en que Castro trabaja hace 25 años: recayó en el Juzgado de Instrucción Nº6 a cargo del doctor Hernán López, que hoy investiga a Castro junto al fiscal Patricio Lugones. La existencia de la causa fue constatada con documentación y fuentes judiciales.
B. ratificó su denuncia ante el juez López y amplió su declaración. Allí, la abogada agregó un hecho más: otra supuesta violación ocurrida en octubre de 2016 durante un viaje de fin de semana largo a Mar del Plata. El testimonio está citado, por ejemplo, en un requerimiento elevado por el fiscal Lugones al juez. La insistencia de Castro para tener sexo anal fue nuevamente el presunto disparador. “Ella se negó, pero él usaba su fuerza física para obligarla… finalmente la penetró analmente causándole mucho dolor, más allá de que ella no quería y él se enojó y la insultó”.
Hay más que violaciones en el testimonio original. Los rasguños que B. mostró en la OVD de la Corte Suprema fueron constatados y medidos por la médica presente: coinciden temporalmente con el episodio que llevó a la abogada a finalmente denunciar al fiscal Castro. Ocurrió el 8 de marzo pasado, el día del último cumpleaños de B.
Castro, de acuerdo a lo que relató en su denuncia, se apareció en su departamento de Palermo con “un ramo de flores que estaba podrido… y me dijo ‘esto es lo que vos te merecés'”. “Me empezó a decir que era una basura, que me odiaba, que no estaba a la altura de él… Empezó a discutir porque quería borrar” varios datos del celular de B, “decía ‘hija de puta, vos guardás todo'”. Ahí comenzó “un zamarreo” en donde el fiscal le habría hundido sus uñas en los brazos a B., que terminó en el suelo. Las frases que B. le atribuye a Castro en el episodio solo empeoran el cuadro: “Lo hacés a propósito, hija de puta, mi psicólogo me dijo que eras una mierda”, fue una de tantas.
Hubo otro episodio similar, más grave, no en Palermo, sino en Tailandia, en el hotel Krabi La Playa de la zona turística de Ao Nang, en unas vacaciones que tuvo la pareja, con empujones y golpes dentro de la habitación. B. también refirió que otras heridas que le habría causado Castro le fueron curadas con agua oxigenada dentro de la propia fiscalía del funcionario.
Castro, por lo pronto, ya presentó una abogada defensora, la doctora Roxana Piña. En diálogo con Infobae, Piña negó las acusaciones de la ex pareja de Castro y afirmó que el fiscal entregó su teléfono para que sea peritado. También confirmó otra parte de su estrategia legal: la designación de peritos de parte, con uno que estuvo, por ejemplo, presente en una de las declaraciones de B., que buscó objetar cuestiones como, por ejemplo, la posibilidad de consentimiento ante las presuntas violaciones.
La primer psicóloga del Cuerpo Médico Forense que la analizó habló en su reporte posterior, que consta en la causa del juez López, de un relato “lúcido y coherente”, pero también de “intelectualización” del daño por parte de B., “sin evidenciarse una apropiación real de la situación la que se encuentra inmersa”. Es decir, no caer en la cuenta, una “naturalización de la violencia, marcada fragilidad y dependencia emocional” a su presunto victimario. B., por ejemplo, relató cómo le pidió a Castro que “no grite, a ver si algún vecino llame a la policía” en su visita de cumpleaños, un claro intento de protegerlo.
Otra psicóloga del Cuerpo Médico determinó una “angustia policausal vinculada a situaciones traumáticas” y un “relato coherente” por parte de la víctima, con juicio y raciocino adecuados. La psicóloga inicial evaluó la situación como de “riesgo medio” y recomendó un tratamiento orientado a la violencia de género.
Lo cierto es que B. ya estaba en tratamiento cuando fue a la OVD. Comenzó a visitar a un psiquiatra y a un psicólogo a fines del año pasado a causa, según declaró ella, de su relación con Castro; le recetaron venlafaxina, un antidepresivo, así como clonazepam.
El 4 de abril, luego de que el Juzgado Civil N°85 dictara la orden de restricción contra Castro, B. le escribió a la jefa máxima de su ex, la procuradora Alejandra Gils Carbó, con una carta entregada y recibida en la mesa de entrada de la Procuración. B. alertó a la jefa de los fiscales sobre las acusaciones que había formulado y le pidió que traslade a Castro. Por su trabajo, B. tiene que ir necesariamente al edificio de la calle Lavalle donde Castro tiene su fiscalía. De acuerdo a la carta, el fiscal habría aprovechado una de sus visitas para denunciarla, precisamente, por violar ella misma la orden de restricción.
Por lo pronto, el fiscal ya no está en sus funciones mientras la Justicia lo investiga: se tomó licencia.
