5 presuntos integrantes de la Triple A fueron procesados
Se trata de la decisión del juez subrogante Alejo Ramos Padilla dictó la prisión preventiva de Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Forcelli, Héctor Chisu y Raúl Aceituno.
El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, dictó ayer los procesamientos con prisión preventiva de cinco civiles acusados de integrar la Triple A, que en el fallo fue definida como una asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad entre 1974 y 1975. Uno de ellos, además, está imputado por el homicidio agravado del dirigente estudiantil de la Universidad Nacional del Sur (UNS), David Hover “Watu” Cilleruelo.
Los procesados son Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero, Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno, este último como coautor del homicidio de Cilleruelo.
La decisión del juez recayó en la misma causa que tiene imputado al suspendido camarista y ex agente civil de inteligencia del Ejército, Néstor Luis Montezanti.
Los procesamientos dictados van en línea con el impulso formulado por los fiscales de la Unidad que interviene frente a crímenes del terrorismo de Estado en esa ciudad, Miguel Palazzani y José Nebbia, quienes el 1° de abril pasado pidieron que se investiguen 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975 “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantiles”. Aquella solicitud fue luego ampliada y precisada por los fiscales, que formularon la imputación contra los cinco civiles por “haber formado parte de una asociación ilícita destinada a la erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.
En la resolución de ayer, que tiene una extensión de 100 carillas, Ramos Padilla dispuso además los embargos en los bienes de Aceituno por cinco millones de pesos, de los de Chisu por tres millones y de los otros tres acusados por un millón de pesos cada uno.
Chisu, Curzio, Forcelli, Pallero y Aceituno integraban la “seguridad” del ex rector de la UNS, Remus Tetu. Curzio, además, fue identificado entre “los matones de la patota de la UOCRA” local, dominada por el diputado Raúl Ponce. Chisu, por su parte, se incorporó, tras el Golpe de Estado, como agente civil del Destacamento 181 del Ejército.
Además del homicidio de Cilleruelo, la gestión de Tetu en la UNS dejó como saldo la proscripción de los centros de estudiantes y la confiscación de sus bienes, el cierre del comedor universitario, la proscripción de 497 títulos pertenecientes a la biblioteca, la expulsión de estudiantes y cesantías masivas de docentes por razones políticas, entre otras cuestiones, describió el juez en su resolución.
Ramos Padilla señaló que el grupo de seguridad de la UNS “funcionó como una organización que buscaba imponer el terror y la violencia a través del uso de la fuerza y la intimidación para llevar adelante las acciones que a nivel nacional planeaba y dirigía el Ministro de Educación [Oscar] Ivanisevich y a nivel local, el Rector interventor Remus Tetu en el ámbito estudiantil, y el diputado [Raúl] Ponce en el ámbito gremial”.
Fuente: uiciobahiablanca.wordpress.com